MÉXICO, D.F. (apro).- Desde que escapó del penal federal de Puente Grande, Jalisco, hace ya 12 años, el líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, se ha convertido en la presa más buscada por los gobiernos de tres países: México, Estados Unidos y Colombia.
Incluso las dos primeras naciones ya le pusieron precio a la cabeza del narcotraficante, catalogado ayer por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) como “enemigo público número uno de Chicago”, por encima del mafioso Al Capone: el gobierno de México ofrece 30 millones de pesos, mientras que su vecino del norte está dispuesto a pagar 5 millones de dólares.
Para el gobierno de Enrique Peña Nieto, la captura de El Chapo es también la máxima prioridad, igual que lo fue en las dos últimas administraciones panistas, la de Vicente Fox y la de Felipe Calderón, según declaró el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
En entrevista con Noticias MVS Primera Emisión, que conduce la periodista Carmen Aristegui, el funcionario federal señaló que el capo “es un objetivo muy claro de este gobierno”.
Sin embargo, aclaró que “no descuidamos el resto y no descuidamos el nivel regional porque hay muchos que generan muchos problemas”.
Aristegui le preguntó si era cierta la versión que difundió el gobierno de Calderón en el sentido de que el narco sinaloense estuvo a un paso de ser detenido en el estado de Baja California.
El funcionario federal aclaró que en las distintas dependencias del sector de seguridad no existe un registro formal alguno de ese operativo.
“Tenemos información de que en una ocasión, no sé si sea ésta particularmente, pero estuvo muy cerca la posibilidad de detención. Por alguna razón se les fue, pero no está documentado, no hay registro de tal acción”, puntualizó el exgobernador de Hidalgo.
De acuerdo con Osorio Chong, la administración pasada adolecía de coordinación en materia de seguridad, debido a que entre secretarías a nivel federal no había compartimiento de información, “y si esto no te parece grave, entonces estaríamos hablando de cosas diferentes”, apuntó.
Añadió:
“Encontramos es que no había una estrategia en materia de prevención, o sea, la apuesta al mediano plazo, la apuesta a que veamos desde su origen, desde sus causas, el problema de la delincuencia”.
Sobre los muertos y desaparecidos que dejó la guerra contra el crimen organizado impulsada por Calderón, señaló que aún no se tienen cifras oficiales.
“Hice el diagnóstico exacto con las cifras (de muertos) que teníamos en ese momento respecto de la estrategia que se seguía para el combate a la delincuencia y encontramos que había descoordinación, encontramos que había falta de confianza, que no había el poder compartir la información que tenían dependencias, que era fundamental si verdaderamente se quería tener una estrategia eficaz”.
El titular de la Segob subrayó que cuando estaba en ese proceso decidió “actuar con toda transparencia, decir cómo están las cosas, queríamos partir de algo. Entonces decidí, ya que no tenía el sustento necesario del número de fallecimientos durante estos últimos seis años, esperar a encontrar toda la información”.
No obstante, admitió que sí manifestó que habló de cerca de 70 mil muertos, “no hemos podido llegar a más porque no se cuenta con información, porque no tenemos un dato que nos permita decir: ‘éste es el oficial’, simplemente son cifras”, agregó.
Lo buscan en Colombia
En Colombia, el presidente de ese país, Juan Manuel Santos, ordenó a la policía de su país investigar los “creciente rumores” sobre la supuesta presencia de miembros de cárteles mexicanos en el sureño departamento de Nariño, sobre el océano Pacífico fronterizo con Ecuador.
“Se ha oído mucho rumor… de la posible presencia de miembros de los cárteles mexicanos aquí en el departamento de Nariño”, dijo el mandatario durante un acto público en el puerto de Tumaco (Nariño), sobre el océano Pacífico.
Aseguró haberle dado instrucciones al director de la Policía Nacional, general José Roberto León, y a la Fiscalía, para la efectiva indagación.
“No tenemos conocimiento, ninguna información concreta, pero me dicen varias personas que los rumores son crecientes de la presencia de los cárteles, en particular el cártel de Sinaloa, en algunas zonas de Nariño, cosa que por supuesto combatiremos y no permitiremos por ningún motivo”, indicó Santos.
En Nariño, las guerrillas de izquierda FARC y ELN, bandas criminales paramilitares y cárteles de droga han librado durante las últimas dos décadas una lucha por controlar los cultivos ilegales y la exportación de cocaína y mariguana a través de las costas del océano Pacífico colombiano.
Colombia es el mayor productor de cocaína del mundo junto con Perú, según datos de la ONU, con 345 toneladas y 64 mil hectáreas cultivadas en 2011.
Las autoridades locales decomisan anualmente decenas de toneladas de drogas, propiedad de diversas bandas criminales narcoparamilitares y de la “Oficina de Envigado”, uno de los grupos del narcotráfico más importantes de Colombia, que fue creado en la década de 1980 por el luego fallecido capo Pablo Escobar.
Estos cargamentos de drogas tienen como destinos principales los países de Centroamérica, el Caribe y México.
FUENTE | Proceso
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